Félix Reátegui
Carrillo
IDEHPUCP
Un proceso
electoral con dieciocho candidatos a la presidencia no es, necesariamente, un
hecho insólito en el Perú. Esa dispersión refleja la debilidad crónica del
sistema político, cuya incapacidad para generar organizaciones políticas
sólidas antecede, incluso, a la crisis de los partidos de la década de 1990. El
problema no es, solamente, que no existan partidos organizados. La implicancia
mayor de esto es que en el proceso político peruano no se aglutina intereses,
demandas o ilusiones en torno de unas cuantas opciones electorales creíbles. El
problema institucional es un problema de credibilidad, y este se traslada, a la
larga, a un problema de desafección hacia la democracia.
Pero si la
dispersión no es novedosa, el tipo de resultado obtenido en esta elección sí es
llamativo. El hecho es que la ciudadanía tuvo que elegir presidente de la
República entre dos candidatos que reunían juntos apenas el 26 por ciento del
apoyo del electorado.[1] Dos
candidaturas muy minoritarias llegaron, así, a una segunda vuelta en la que
ambos casi empataron con el 50 por ciento de las preferencias. El resultado aritmético
genera inevitablemente un ganador y un Presidente de la República: produce una
hecho legal y político. La realidad social, sin embargo, no debería quedar opacada
por la realidad política. Estamos ante una muy aguda crisis de representación y
de confianza, apenas disimulada por las adhesiones militantes que fueron
inevitables en la segunda vuelta. En los dos sectores se condena la corrupción,
el autoritarismo, y la falta de preparación y de programas en campo opuesto, y
se ignora o se niega los mismos problemas en el campo propio.
Es natural que
muchos se pregunten cómo llegamos a esta situación. Pero esa pregunta no
significa lo mismo para todos. Para el observador más o menos neutral ella se
refiere al estado de deterioro institucional y de debilidad del régimen
representativo en que nos encontramos. Pero desde las opciones o sensibilidades
ideológicas de izquierda y de derecha la misma interrogante adquiere distintos
sentidos.
Desde la
izquierda, el punto de llegada –el hasta aquí de la pregunta—no deja de tener
alguna resonancia positiva. Es entendido como el triunfo de una opción popular,
aunque esta sea a primera vista improvisada, caótica y con latencias
autoritarias. Desde la derecha, se trata de entender cómo es que,
presuntamente, nos hemos colocado a las puertas de una experiencia “comunista” que
amenaza destruir el régimen democrático y la economía de mercado. En realidad,
las respuestas que se dan desde ambos lados iluminan, cada uno a su modo, el
camino del deterioro institucional al que se refiere la pregunta originalmente.
El Perú y su
emergencia crónica
El triunfo de
Pedro Castillo ha sido saludado por los sectores políticos e intelectuales de
izquierda como la emergencia de un Perú marginado, nunca escuchado ni atendido,
que ha conseguido abatir las barreras puestas por el Perú oficial, urbano y
criollo. Es una interpretación estimulante, pero también curiosa por
recurrente. La misma lectura ha sido realizada desde el pase de Alberto
Fujimori a segunda vuelta en las elecciones de 1990. El hecho de que entonces
el derrotado fuera Mario Vargas Llosa le dio un vuelo especial a la
interpretación simbólica. Fue ineludible el relato –no desacertado en ese
momento—según el cual las masas ignoradas habían colocado en la presidencia a
un oscuro profesor universitario dejando con los crespos hechos al intelectual
más connotado del país, que además era apoyado por todo el aparato propagandístico
y económico del Perú oficial. Desde entonces, ese relato ha reemergido, por
ejemplo, cuando las dos candidaturas de Ollanta Humala. Sin contar las veces en
que el mismo relato ha aparecido para explicar las derrotas de Keiko Fujimori
en 2011 y 2016, se podría decir que el triunfo de Pedro Castillo sería la
cuarta vez en treinta años en que el Perú real emerge y rebalsa los
diques del Perú artificial.
Pero si esa
historia está bien contada, haría falta explicar por qué esas sucesivas
emergencias del Perú real no se han materializado en un cambio de estructuras o
de programas, y la respuesta a eso solo puede ser hallada o en la solidez del establishment
(lo cual incluiría su aceptación popular) o en la fragilidad, e inclusive la
vaciedad, de los actores políticos que lo desafían. Y no se trata únicamente de
la inconsistencia de los eventuales representantes de la opción de izquierda o
popular. También estaría en cuestión la convicción de su electorado –esto es,
el sentido real de ese voto-- y la posibilidad de convertir sus diversos
intereses en una opción política definida y sostenible al menos por cinco años.
La situación
presente no se aleja mucho del esquema de interrogantes esbozado. La pregunta sobre
“cómo llegamos a esto” se refiere a qué hizo posible la llegada al gobierno de
una agrupación de izquierda que se presenta como no limeña, que reivindica lo
indígena y la pluriculturalidad y, sobre todo, que siente que ha puesto en
jaque de manera inédita a la estructura del poder constituida desde el origen
de la República. Debería llamar más la atención esta perspectiva historicista,
pues se trata a fin de cuentas de un tropo recurrente en la historia del país,
bajo la forma de caudillismos regionales, estéticas indigenistas, revueltas
contra los abusos y reformas de impacto significativo como la del gobierno de
facto de Juan Velasco Alvarado. Hoy día eso reaparece expresando una
“estructura de sentimiento”, para usar el concepto de Raymond Williams, que
compila una variedad de símbolos y valores. (No es ocioso señalar, por lo
pronto, que en las primeras semanas del nuevo gobierno los entusiasmos están
centrados en lo simbólico. Los actos y gestos de los nuevos gobernantes no son
valorados por su utilidad práctica y ni siquiera por su coherencia ideológica,
sin en cuanto símbolos que sugieren un acto de redención y, correlativamente,
un acto de revancha). Estamos en el plano de lo intuitivo, no en el de la
política programática. Son entendibles, por ello, el recurso a las muletillas
que remiten a la cultura de izquierda de los años 70 y la incapacidad de
responder cómo se logrará la ejecución de las metas prometidas.
Para una
sensibilidad de izquierda, ya sea intuitiva, ya sea intelectual, se presentan tres
respuestas posibles a la pregunta sobre cómo llegamos aquí. Una, más
complaciente, tiene visos históricos y estructurales: la efervescencia de la
sociedad peruana llegó a su punto de hervor y terminó por derretir a ese país
tercamente excluyente que era el Perú oficial. La segunda, quizá la menos
sostenible, sería pensar en que la política de izquierda ha madurado y ahora
cosecha los frutos. La tercera, quizá la más plausible, supondría reconocer el
gigantesco peso de la contingencia, casi de lo accidental, en este resultado.
Quizá esa respuesta no solamente sería más plausible, sino también más
constructiva, pues convencería a la izquierda de la necesidad de edificar metódicamente
sobre la base de este regalo inesperado, de conquistar retrospectivamente una razón
de ser para este azar.
El populismo de
derecha
Eso que la
izquierda lee como promesa, la derecha lo lee como condena. “Cómo llegamos
aquí” significa en ese campo “cómo llegamos a tener un gobierno abiertamente
comunista, aliado tardío del proyecto del socialismo del siglo XXI”. Se suponía
que, debido a la experiencia cercana de la dictadura de Chávez y Maduro en
Venezuela, no eran necesarios más argumentos para que los electores descartasen
una opción tan destructiva. No se ha ponderado lo suficiente, por ejemplo, el
siguiente hecho: hacia junio de 2021 había en el Perú aproximadamente 1 millón
200 mil personas venezolanas; es decir que por cada 28 peruanos hay un migrante
o refugiado dispuesto a dar un testimonio del desastre del que ha venido
huyendo. Y, sin embargo, eso, y el apabullante apoyo mediático, apenas bastó
para obtener un empate estadístico con la opción repudiada por la derecha.
Sin embargo, la
respuesta a aquella pregunta –sin discutir sus premisas, que se basan a su vez
en una exacerbación ideológica—parece estar en el hecho de que la derecha
abandonó sus atributos y símbolos conservadores y se convirtió en un conjunto
de agrupaciones dedicadas a corromper las instituciones para ponerlas al
servicio de intereses ilegítimos e ilegales. Para distinguirse de la vieja
derecha, de la partidocracia condenada por Alberto Fujimori desde 1990, la
derecha hizo suyos los símbolos populares que trajeron consigo los sectores
sociales que se suele denominar emergentes.
Se podría decir
que en el aspecto simbólico los políticos de derecha buscaron una conexión con una
versión particular del ethos popular: no aquella vinculada con la
conquista de derechos o con ese proceso que algunos han llamado “modernización
desde abajo”, sino aquella asociada al individualismo como forma de enfrentar
la vida en sociedad. Esta identidad de la derecha, por lo demás, fue forjada al
ritmo de un cambio social desencadenado en cierta forma determinado por la crisis
económica de los años 80: la destrucción del mercado laboral en esos años
condujo a que un sector de la población acudiera a la informalidad y después al
autoempleo y, ya entrados los años 90, a aquello que terminó por ser llamado emprendedurismo.
Las expectativas de ese sector ya no están puestas en la obtención de un puesto
de trabajo estable sino en conquistar una pequeña parcela en el mercado. Y para
esa gesta que es la conquista de un lugar en el mercado –el emprendimiento—las
regulaciones, el control estatal y hasta la noción de lo público devinieron constricciones
prescindibles y recusables. De ahí surge una compleja cultura política en la
cual se alían un rechazo a toda idea de un proyecto colectivo con un rechazo de
lo que es percibido como elitista, ya se trate de elites políticas o
técnicas o intelectuales. De más está remarcar que la suma y cifra de ese
elitismo para la nueva derecha y para su laxa base popular son la figura del caviar
y todos los valores que sostiene: derechos humanos, igualitarismo, cierto
intelectualismo, antirracismo, pruritos constitucionales, etcétera.
Debido a ese
populismo, la derecha no tuvo mayor interés en articular un proyecto ideológico
y en lugar de ello propuso dar voz a los sentimientos populares que demandaban
mayor seguridad y, por tanto, mayor represión, así como instituir la prioridad
de la acción sobre el pensamiento. No es cierto, pues, que la izquierda se haya
apropiado de las agendas de los derechos humanos y de los espacios académicos.
Simplemente, la derecha los abandonó porque los consideraba inútiles. El
estudio, la inteligencia, la reflexión y, especialmente, toda forma de discurso
ético, fueron arrinconados y concedidos a un minoritario grupo de intelectuales
que estigmatizaron como “caviares” y “aliados de terrucos”.
El rechazo
explícito del pensamiento llevó a la derecha a aborrecer el debate público
sobre propuestas de cambio y, especialmente, de inclusión. Eso solamente
alimentó la deriva previa de la política peruana: una política sin horizonte
institucional, una política ajena a programas. Desde la derecha, el único
programa era el mantenimiento inercial del modelo económico, y la única forma
de acción política era la satanización de todo aquel que criticara a ese
modelo. Resulta irónico, en consecuencia, que sea bajo estas condiciones que
los grupos de derecha reclamen la defensa de la institucionalidad, la
transparencia y a la democracia que ellos mismos ayudaron a corroer.
El punto de
llegada no está en ninguno de los extremos ni corresponde a ninguna de las dos
leyendas: ni a la leyenda redentora de un país real que por fin se libera ni a la
leyenda angustiada de un país capturado por el comunismo internacional. El
punto de llegada es un país donde la política entendida como organización,
programa, ideología, compromiso o proyecto quedó disuelta y su lugar fue tomado
por el gesto, el símbolo, el lema. Los dos candidatos empatados en la
estadística representan dos versiones opuestas, pero equiparables, de lo mismo.
[1] El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo casi el 19 por
ciento de los votos válidos. La candidata de Fuerza Popular, recibió el 14,7
por ciento de votos válidos. La cifra de 26 por ciento citada arriba se refiere
a los votos emitidos en el entendido de que eso refleja más fielmente el apoyo
activo recibido.
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