Félix Reátegui Carrillo
La noción de sacrificio está instalada de una manera peculiar en la psiquis peruana. Se trata del sacrificio entendido como una voluntaria inmolación de sí mismo en defensa de los seres queridos o en procura de su bienestar. También se habla de abnegación, la negación de sí mismo en bien de otros. Los padres y las madres son sacrificados. Ser sacrificado es una virtud –amor y altruismo-- cuyos nexos con la doctrina de la salvación cristiana son evidentes.
Pero hay otra noción de sacrificio
que también está presente, de manera tácita pero bastante efectiva, en la
marcha de la sociedad peruana. Se trata de la inmolación no voluntaria, sino
más bien impuesta y forzosa, de cierta categoría de personas, y no en bien de
sus seres queridos sino en beneficio de alguna abstracción colectiva: el orden,
la paz, el crecimiento, el desarrollo.
La multiplicación de muertes
causadas habitualmente por negligencias o por riesgos públicos impuestos
deliberadamente por el Estado o por el sector empresarial se conecta en una
dimensión simbólica con esta cultura del sacrificio ajeno. Hablamos de
construcciones que se desploman sobre la cabeza de las personas, de jóvenes
empleados que mueren encadenados a un contenedor en llamas, de centenares de
pasajeros que mueren en buses desbarrancados. Todas esas muertes innecesarias
tienen dos elementos en común: la sistemática impunidad de los responsables o
la condena de estos a penas irrisorias, y la persistente negativa del Estado a
atacar las causas de todas esas desgracias humanas.
Hay que combatir la natural
tendencia a hablar de accidentes. Tal vez sería más útil hablar de algo así
como una siniestralidad programada o
al menos previsible: algo que no se
desea que pase, pero que se admite como una posibilidad y como un costo que vale la pena asumir. Y,
naturalmente, en esa suerte de economía política de la catástrofe y de la
muerte pública una variable del cálculo es el estatus social de las potenciales
víctimas. Así, por un lado, están los costos de cumplir con todas las reglas
que garanticen la calidad y la seguridad humana de una actividad económica. Y,
en el caso del Estado, está el cálculo sobre cuánto se gana o se pierde en
inversión privada si es que se exige a rajatabla el cumplimiento de tales
requisitos. Por el otro lado está el costo de las posibles muertes y, dentro de
eso, la capacidad real de los potenciales afectados para conseguir justicia retributiva (sanción al responsable) o restaurativa (reparación del
daño).
Es ahí donde opera la lógica
sacrificial, la idea de que la inversión, el crecimiento, la explotación de
recursos no deben ser estorbados por requisitos de seguridad, que son
percibidos como sobrecostos. Y esa lógica no es privativa de la gran empresa,
sino que está difundida ampliamente en la psiquis empresarial, incluyendo la
del emprendedurismo.
Es fácil, por lo demás, hallar esta
lógica del sacrificio en otras dimensiones de la vida nacional. La más
dramática, y también la más explícita, es la aplicada al conflicto armado
interno de los años 1980-2000. Es grande el sector de la población peruana que
no desconoce ni niega las muertes producidas por agentes del Estado en esos
años, pero que las consideran un “costo necesario de la pacificación”. Ese
razonamiento se reedita en estos tiempos cundo se habla de las muertes
ocasionadas durante las protestas de los años 2022-2023.
El tópico de la víctima sacrificial
circula en las humanidades desde hace años por influjo del pensador italiano
Giorgio Agamben y su idea del homo sacer,
ese ambiguo sujeto que, en la antigüedad romana, no debía ser
sacrificado por ser impuro o porque ya pertenecía a los dioses, pero al que
cualquiera podía matar sin incurrir en homicidio. No es necesario, sin embargo,
seguir la reflexión de Agamben en todos sus detalles para situar la figura del
sacrificio y la idea vidas desechables como parte de la trama simbólica del
capitalismo sin reglas –la imagen contrahecha de un capitalismo liberal—que se
busca construir en el Perú.
(Publicado en la revista Signos, marzo de 2025)
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