Una crisis más allá del derecho (2019)

 Félix Reátegui Carrillo

Desde hace unos años el Perú es como un moscardón que zumba angustiosamente intentando atravesar un vidrio. No sabe cómo terminó encerrado en ese cuarto y no sabe que el vidrio transparente es una puerta cerrada. El cuarto es la crisis, el atasco institucional, el control de la política por clubes, mafias y oportunistas. El vidrio es la Constitución, el Derecho.

Hay perplejidad porque se espera recomponer el sistema apelando a las leyes. Pero cada camino jurídico resulta un callejón sin salida. Se buscaba sanear la junta de fiscales supremos, pero eso era imposible sin pasar por encima de la ley. Se quería poner atajo a la corrupción y se decía: “Que se elija un nuevo Congreso para librarnos de una mayoría que protege a los corruptos”. Pero nada impidió que los de entonces postularan en el 2020 ni impide que postulen en el 2021 o que estén presentes de cualquier otra forma. Son apenas dos ejemplos de una extensa saga.

Lo que no se advierte es que la política peruana no tiene recursos internos para corregirse. La política es un sistema, como lo es la economía. Todo sistema funciona con mecanismos de regulación que permiten ciertas cosas e impiden otras y que expulsan o mitigan aquello que intoxica el sistema. En toda sociedad política hay delincuentes y oportunistas. Pero no toda sociedad política se transmuta en una arena para el delito y el oportunismo. Pero eso es lo que ha pasado en el Perú.

Un mecanismo de regulación de la política es el sistema jurídico. El otro es el sistema de convenciones: obligaciones no legales, pactos de honorabilidad o de apariencia de honorabilidad, un lenguaje limitado por ciertos tabúes, acuerdos tácitos de sucesión, modales y protocolos. Cuando no existe ese sistema el único mecanismo de regulación es el Derecho. Y ello, que en apariencia es suficiente, termina, sin embargo, en un consenso ruinoso: todo lo que no es delito penal tipificado es considerado una conducta política aceptable. Esa justificación –“sí, hice que un colega de bancada contratara a mis sobrinos, pero eso no es delito”—le suena injuriosa a la ciudadanía, pero no se sabe exactamente por qué. Y ello es porque se ha perdido de vista ese otro mecanismo de regulación –el de las convenciones—que debería ser tan gravitante como el jurídico.

Pareciera que estamos hablando de ética. Pero no se trata principalmente de eso. Un sistema de convenciones en la política es también una cuestión de intereses. Mantener buenos modales, aparentar ser un demócrata, proyectar una imagen de honradez, honrar compromisos son requisitos de supervivencia. Pero esos requisitos tienen fuerza cuando la política posee un tejido organizativo. El político con cargo público sabe que sus rivales no son solamente los de la tienda opuesta, sino también los otros políticos de su partido. Esa contienda de intereses es la fuente de la regulación. En el Perú no hay nada de eso porque no hay organizaciones. Más allá de la falta de ética, es la falta de partidos –y de una prensa solvente—lo que ha pulverizado a ese mecanismo de regulación.

Por ello la perplejidad. Podremos leer al revés y al derecho la Constitución, pero ahí no vamos a encontrar la respuesta. El moscardón alguna vez encontrará, sin buscarla, otra ventana abierta y saldrá por ahí. Para el Perú, por ahora, no hay otra ventana que la ventana cerrada del Derecho. Y seguirá dándose de cabezazos contra ella. 

(Publicado en FB en diciembre de 2019)