Pedro Planas, La república autocrática. Fundación Friedrich Ebert, 1994. 263 pp.
En la accidentada historia política del siglo XX peruano hay un lugar de notoriedad reservado para los acontecimientos acaecidos en 1919. El 4 de julio de ese año, Augusto B. Leguía, virtual vencedor de los comicios celebrados dos meses atrás y seguro sucesor del presidente civilista Manuel Pardo, promovió un golpe para desaforar al Congreso de la República y se proclamó presidente provisional del Perú. Considerando la trayectoria política del país, marcada por un sinnúmero de insurrecciones, levantamientos y restauraciones que comenzaron casi al día siguiente de inaugurada la República, el episodio puede parecer poco relevante e incluso anecdótico; más aun si se piensa que al suprimir al Poder Legislativo (al que acusó de estar conspirando para desconocer su legítimo triunfo electoral), Leguía no hizo sino adelantar por la vía de los hechos una sucesión que de todos modos iba a ocurrir de acuerdo al derecho. Y sin embargo, considerado desde el punto de vista del desarrollo de las instituciones políticas del país, el inicio del Oncenio de Leguía constituye un hito de nuestra historia reciente: el bloqueo de la evolución de ciertos hábitos políticos que podían ser considerados democráticos en la forma y en el fondo, y la instauración y difusión de una cierta cultura cuyo rasgo principal es su disposición a avenirse con diversas formas de la arbitrariedad y el autoritarismo en la conducción de los asuntos públicos. Los sucesos del 4 de julio de 1919 no fueron solamente una asonada más entre las muchas que colorean nuestra historia política; el golpe de Leguía significó la muerte súbita –no prevista, inducida por la voluntad de un hombre y su entorno palaciego– de un conjunto de instituciones democráticas que venían madurando desde algunas décadas atrás y cuyo enervamiento y deterioro se deja sentir aun en nuestros días.
Esa es la idea que con más insistencia se presenta a lo largo de La república autocrática, el libro que Pedro Planas –politólogo, especialista en temas constitucionales y prolijo comentarista político– ha dedicado a esa etapa de nuestra historia republicana que transcurre entre 1919 y 1930 y que es conocida como el Oncenio de Leguía. El libro de Planas no es una crónica pormenorizada de los hechos ocurridos desde el golpe contra el Congreso y la asunción del poder por parte de Leguía hasta su caída igualmente accidentada en 1930; aunque se apoya en una acuciosa reconstrucción de los sucesos de la época a partir de diversas fuentes directas –material periodístico, archivos, actas de debate parlamentario, testimonios dejados por los protagonistas de la vida política de entonces–, su intención no es narrativa, sino analítica. El propósito del libro es doble: echar luces sobre la gestación y el posterior funcionamiento no de un gobierno transitorio sino de todo un régimen político dotado de un perfil institucional definido y, por una vía indirecta, especular sobre lo que pudo haber sido la democracia peruana de no haberse interrumpido abruptamente ese proceso de decantación de instituciones que se venía operando desde los últimos años del siglo XIX.
El Oncenio de Leguía, asegura Planas, significó la decapitación de la democracia peruana. La afirmación puede parecer aventurada e ingenua para quienes desde hace décadas señalan la inexistencia de un régimen político semejante en un país como el nuestro, caracterizado por la exclusión de toda participación política a la que ha sido condenado secularmente un vasto sector de la población, por la escasa difusión de los deberes y derechos civiles y por esas profundas diferencias de bienestar económico, de consideración social y de prestigio cultural que hacen imposible hablar en rigor de una república de ciudadanos. No lo es si, como propone Planas, adoptando para su enjuiciamiento de los hechos un enfoque institucionalista, aceptamos que en una sociedad las instituciones que conforman una democracia no aparecen repentinamente ya consolidadas y extendiendo sus beneficios a todo el universo social, sino que, necesariamente, atraviesan por estados intermedios antes de concretarse en esos modelos de democracia de masas que dominan el horizonte de valoración de los fenómenos políticos en el mundo de hoy.
El régimen político que antecedió a la dictadura de Leguía es conocido, según el nombre colocado por Jorge Basadre, como la República Aristocrática. Contra lo que habitualmente se resalta de esta etapa de nuestra historia republicana –su carácter excluyente, el predominio de la plutocracia de abolengo en las esferas del poder político–, Planas elige rescatar de ella su notable desarrollo institucional. Si bien la República Aristocrática en tanto ordenamiento social y político fue excluyente para un amplio sector de la población nacional –al que veda toda participación política–, es igualmente cierto que había en ella espacio para el pluralismo, pues, aunque el sector políticamente activo era minúsculo, albergaba una gran diversidad no sólo de doctrinas sino también de intereses.
La República Aristocrática representa, desde este punto de vista, no una democracia plena pero sí un proceso de paulatina apertura institucional y sedimentación de valores y hábitos de comportamiento en la conciencia de las minorías selectas o elites que en ese entonces tenían en sus manos la conducción de los asuntos públicos. Se trata de un régimen político más o menos prolongado que se ha repetido en diversas sociedades y que contiene, en palabras de Planas, una "promesa republicana" alentada en el Perú por la estabilidad legal e institucional propiciada por Nicolás de Piérola desde 1895, mediante el acatamiento escrupuloso de la Constitución de 1860. Aunque el autor no lo menciona, es claro que la República Aristocrática así considerada corresponde a lo que en sociología política se conoce como democracia consociativa: un ordenamiento social y político en el cual un sector muy reducido de la población –que inclusive puede estar definido por criterios étnicos–, monopoliza el poder político pero, al ejercerlo, no se niega a recoger los intereses de la población segregada ni a permitir un paulatino ensanchamiento del sector políticamente activo. Los encendidos debates en torno del problema indígena y la cuestión obrera promovidos en la década de 1910 así como el movimiento de reforma universitaria son signos elocuentes del funcionamiento de esta forma política intermedia en el Perú de inicios de siglo. De este modo se entiende el énfasis que pone el autor en la afirmación de que el advenimiento de la Patria Nueva de Leguía representa, más que un cambio de gobierno, una modificación del régimen político de la nación. Leguía arremete contra una elite política de carácter abierto que garantizaba la progresiva incorporación de sectores de interés social diverso y, por esa vía, la apertura democrática del sistema y, en su lugar, coloca en el poder a una camarilla cerrada e inclinada a instrumentar toda la red de instituciones del Estado y ponerlas al servicio del poder autocrático. Se trata de una nueva relación entre el poder político y la sociedad cuya característica más visible es la necesaria desaparición de toda esfera de autonomía ciudadana e institucional. Para demostrarlo, Planas emprende una comparación entre el escenario institucional de la República Aristocrática y el de la Patria Nueva: el sistema electoral, el sistema de partidos, la naturaleza de la deliberación parlamentaria, el Poder Judicial, el papel de la prensa y la opinión ciudadana, todos esos órdenes de la vida pública muestran una cerrazón, un retroceso ostensible aun en relación con los estrechos márgenes de participación civil que existían durante la República Aristocrática.
La interpretación de Planas tiene su mayor poder de convicción en la claridad del enfoque asumido: la lectura de los fenómenos políticos de una sociedad a través de los avatares sufridos por sus instituciones, así como el rescate de la "autonomía de lo político" como opción metodológica, resultan sumamente valiosas para renovar el análisis de una etapa de nuestra historia que habitualmente es considerada a la luz de cierto determinismo económico o juzgada desde criterios políticos extemporáneos. Pero esas mismas elecciones de análisis se revelan como una debilidad cuando se trata de ir más allá del "deber ser", que es la perspectiva dominante en enfoques de este tipo. Así, por ejemplo, frente a una pregunta elemental para la comprensión sociológica del régimen instaurado por Leguía: ¿por qué el grueso de la población peruana consintió en la instalación de un gobierno autocrático?, ¿cómo explicarse la popularidad o por lo menos la aceptación pasiva de la Patria Nueva?, Planas se inclina por una respuesta demasiado simple para ser satisfactoria: la conciencia ciudadana fue adormecida y avasallada por una cultura autoritaria difundida por el poder. En realidad, más que de una respuesta, se trata de un encogimiento de hombros frente a una población que constantemente se llama a engaño. Y en ese gesto del analista, en esa negativa a averiguar las motivaciones reales del comportamiento de la población, hay mayor similitud con lo que ocurre en el Perú de 1994 que la que existe –según otra de las ideas que recorren el libro– entre el Perú desconectado y desinformado de inicios de siglo en el que prosperó la Patria Nueva de Leguía y el país multitudinario y transitado por múltiples corrientes de opinión y por órganos de presión social en el que ha sido posible el gobierno de Alberto Fujimori.
(Publicado en la revista Argumentos # 23-24, septiembre-octubre de 1994)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario